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Políticos de Australia, preocupados por las Loot Boxes

Un representante del Estado de Victoria, al habla

Actualizado a

Australia se suma a la oposición frente a las Loot Boxes

Tras la investigación iniciada por Bélgica y el llamamiento público de Hawái, un representante de la Comisión del Juego del Estado de Victoria, Australia, también ha movido ficha en lo referente a las cajas de botín. De acuerdo con la legislación vigente en la Victorian Commision for Gambling and Liquor Regulation (VCGLR), correspondiente a uno de los seis estados de la Commonwealth del país, las Loot Boxes serían gambling (apuestas/juegos de azar).

Todo se ha desembocado a raíz de un email enviado por un usuario de Reddit que preguntaba al respecto, y Jarrod Wolfe, analista de la Compliance Division en VCGLR ha especificado que los “pay to win” tienen efectos predatorios al ser “cajas ciegas”, parecido argumento esgrimido por el gobernante hawaiano por no saberse qué se está comprando exactamente al adquirir cajas de botín.

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“Mi nombre es Jarrod Wolfe y soy uno de los Strategic Analyst de la Compliance Division en VCGLR. He recibido tu correspondencia en relación con la incorporación de las loot boxes en los videojuegos.

Tu búsqueda y suposiciones a este respecto son correctas; lo que pasa es que con las “loot boxes” constituyen realmente el gambling de acuerdo con la definición en la Legislación de Victoria. Por desgracia, donde se presenta la complejidad del asunto es en nuestro poder para investigarlo.

La Legislación no ha avanzado tan rápido como lo hace la tecnología; y tanto el Estado como el nivel Federal no están lo suficientemente adaptados para determinar la legalidad de esas prácticas en vez de lo que han hecho otras entidades responsables en el extranjero”, continúa diciendo en alusión a una falta evidente de actualización en esta temática en la legislación de Australia.

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Compromiso con la comunidad australiana

Además, afirma que tienen muy en cuenta las consideraciones de la comunidad para asegurarse de que sus acciones ponen de relieve las necesidades y riesgos que hacen tener a la comunidad. Su preocupación va a más, añadiendo que “no solo es reprochable, también es cuestionable a nivel legal. La solución, concluye, sería iniciar conversaciones con los organismos de clasificación por edades (equivalentes a PEGI o ESRB) y que dictaminasen estos títulos como solo para adultos si no se equilibra su uso como desean las voces discordantes.

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